¿Qué es la crisis crónica de financiación de los cuidados de larga duración en el Reino Unido, y por qué sigue sin resolverse?

En Inglaterra, el término "social care" (cuidados de larga duración) designa un sistema distinto del Servicio Nacional de Salud, el NHS: una red de apoyo, financiada principalmente por los ayuntamientos y sujeta a comprobación de ingresos, que ayuda a las personas mayores o con discapacidad en las actividades cotidianas. Mientras que el tratamiento del NHS es gratuito, muchas familias terminan pagando de su propio bolsillo por los cuidados de larga duración, a veces hasta agotar sus ahorros.

Esa distinción está en la raíz de un debate que lleva décadas en la política británica. Existe un amplio consenso en que el sistema es injusto, imprevisible y necesita una reforma, pero ese consenso tiende a desmoronarse en cuanto la conversación pasa a qué tipo de reforma.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, escribió al primer ministro para expresar su disposición a colaborar en la reforma de los cuidados de larga duración para adultos, al tiempo que le instó a descartar de entrada las subidas de impuestos como forma de financiarla. La carta destacó como un llamamiento relativamente poco frecuente a la cooperación entre partidos.

Una oferta de colaboración así importa porque la historia de la reforma de los cuidados de larga duración en Inglaterra está sembrada de intentos fallidos. En las últimas tres décadas, numerosas revisiones y comisiones convocadas por gobiernos sucesivos han documentado los problemas del sistema, pero la gran mayoría de esos informes quedaron archivados sin llegar a aplicarse nunca, frenados por el riesgo político o el coste fiscal.

Entender por qué la reforma ha resultado tan difícil exige mirar la tensión que hay en el centro del debate: cada forma de financiar el sistema —impuestos generales, un gravamen específico para los cuidados o mayores aportaciones individuales— afecta directamente a un grupo concreto de votantes. Eso convierte cualquier intento de reforma en un riesgo político que el partido en el gobierno de turno se ha mostrado habitualmente reacio a asumir.

Algunos intentos de reforma anteriores descarrilaron tras ser criticados públicamente bajo titulares como "impuesto a la muerte", un patrón que ilustra por qué los políticos han evitado a menudo abordar el asunto. El resultado ha sido el mismo problema examinado y reexaminado generación tras generación sin llegar nunca a resolverse.

Mientras tanto, el propio sistema afronta una presión creciente. El envejecimiento de la población, el aumento de las necesidades de cuidado y las limitaciones presupuestarias de los gobiernos locales hacen que la sostenibilidad del sistema actual sea cada año más difícil de mantener. La escasez de personal en las residencias y en los servicios de cuidado a domicilio complica aún más el panorama.

La carta de Badenoch puede interpretarse como un nuevo intento de romper este prolongado estancamiento, pero la petición de descartar de entrada las subidas de impuestos también demuestra que el mayor obstáculo para la reforma sigue en pie: refinanciar de forma integral un sistema de esta escala suele requerir alguna fuente de ingresos adicional, y cerrar esa opción de antemano reduce el abanico de soluciones posibles.

Los expertos y defensores de los cuidados de larga duración suelen subrayar que la dificultad no es de carácter técnico, sino que el verdadero obstáculo reside en encontrar voluntad política y respaldo de la opinión pública. Los sistemas de cuidados de larga duración de otros países, construidos sobre modelos de financiación distintos, demuestran que una reforma de este tipo es posible, aunque cada modelo conlleva su propio coste político.

En definitiva, si este llamamiento a la cooperación entre partidos se traducirá en una reforma real sigue siendo incierto. Pero, dada la duración de esta crisis, que los dos principales partidos se muestren dispuestos al menos a sentarse juntos ya se considera, en sí mismo, un avance notable.