Tras los recortes de Medicaid del Congreso, la administración Trump propone reducciones más profundas a los proveedores
La administración Trump, a través de los Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), ha publicado una propuesta de norma que impondría restricciones más estrictas a los llamados 'state-directed payments' — pagos suplementarios que los estados realizan a los proveedores dentro de sus programas Medicaid. Un borrador del documento, revisado por STAT News, muestra que el gobierno federal busca reducir los porcentajes de Medicaid permitidos para estos pagos y limitar los métodos que los estados pueden emplear para reclamar financiación adicional. Si el reglamento entra en vigor tal y como está redactado, una herramienta que los estados han utilizado durante la última década para sostener la estabilidad financiera de los proveedores quedará considerablemente debilitada.
La propuesta normativa constituye la segunda etapa de una estrategia de recortes en dos fases desplegada en paralelo a la aprobación del muy debatido paquete presupuestario de Medicaid por el Congreso a principios de este año. La primera fase, adoptada por vía legislativa, vinculó los niveles de los state-directed payments a referencias comparativas de Medicare; eso redujo la financiación disponible de los estados en aproximadamente 25.000 millones de dólares anuales. Esta segunda fase pretende ahora profundizar el recorte por vía administrativa a través de la autoridad reguladora federal.
Robin Rudowitz, principal analista de políticas de Medicaid en la Kaiser Family Foundation, dijo a STAT News que 'los estados usan estos pagos para acercar a los proveedores que atienden a pacientes de Medicaid a los niveles de reembolso de Medicare; restringir el mecanismo podría estrangular un flujo vital de financiación, especialmente para los hospitales rurales.' Rudowitz también señaló que el volumen de los state-directed payments a nivel federal se ha más que cuadruplicado en la última década, superando los 100.000 millones de dólares.
Stacey Hughes, vicepresidenta ejecutiva de la American Hospital Association (AHA), dijo en un comunicado oficial que la norma propuesta 'pone en riesgo los compromisos de acceso a la atención de los hospitales que sirven a pacientes de bajos ingresos y producirá graves dificultades operativas, particularmente en estados donde Medicaid juega un papel importante en los presupuestos estatales, como Misisipi, Luisiana, Alabama y Virginia Occidental.' La AHA informó de que presentará un paquete técnico exhaustivo para reducir el alcance de la norma durante la ventana de comentarios públicos de 60 días de los CMS.
En el otro lado, los círculos políticos republicanos enmarcan los recortes como 'una corrección del uso indebido de Medicaid en favor de los grupos de presión hospitalarios'. Robert Moffit, director de política sanitaria de la Heritage Foundation, dijo a STAT News que 'los estados utilizan esencialmente estos pagos para maximizar sus propios ingresos fiscales; el gobierno federal debe restringir los usos que sobrepasan la intención original del mecanismo.' El texto presupuestario de abril del Comité de Salud del Senado republicano menciona explícitamente el objetivo de reducir el gasto federal total en Medicaid en aproximadamente 250.000 millones de dólares al año.
En el lado de los proveedores, el sector de cuidados de larga estancia está especialmente preocupado. Mike Cheek, vicepresidente senior de la American Health Care Association (AHCA), dijo a STAT News que 'las residencias y los centros de cuidados de larga estancia ya han perdido alrededor del nueve por ciento de margen operativo en los últimos tres años; un recorte adicional de los state-directed payments podría provocar el cierre de aproximadamente mil centros.' A partir de una encuesta entre sus asociados, AHCA estima que más de 250.000 pacientes de cuidado de mayores en Estados Unidos podrían enfrentarse a un desplazamiento.
El profesor Mark McClellan, del Margolis Center for Health Policy de la Universidad Duke y exadministrador de los CMS durante la administración Bush, dijo en un comentario que 'todos los debates de reforma de Medicaid están ahora comprimidos dentro de la tensión federalestatal — las regulaciones técnicas introducidas con fines de ahorro estructural parecen, en la práctica, debilitar más que sostener la estructura actual del sistema hospitalario.' McClellan añadió que 'los efectos de estos recortes sobre la economía de la salud en los próximos tres años son difíciles de prever hoy.'
En el lado del Congreso, el senador demócrata Ron Wyden (Oregón) dijo en la sesión del viernes del Comité de Finanzas del Senado que 'la propuesta de los CMS deja claro que Medicaid se está utilizando no como un beneficio gratuito sino para desmantelar el sistema de proveedores directos — el Senado pide que esta propuesta se debata antes de que entre en vigor.' Wyden y la republicana Susan Collins (Maine) han publicado una carta conjunta pidiendo una audiencia plenaria del Senado en las próximas semanas.
El impacto financiero del reglamento es complejo. El documento oficial de estimación de los CMS proyecta que la propuesta ahorrará al gobierno federal entre 18.000 y 22.000 millones de dólares anuales e impondrá entre 6.000 y 8.000 millones de dólares de carga fiscal adicional a los estados. Si los estados cubren ese hueco con sus propios ingresos fiscales o reduciendo la cobertura de Medicaid — particularmente en los estados del noreste — ha sido identificado por los analistas políticos como uno de los puntos de seguimiento clave de los próximos tres años.
La ventana de comentarios públicos está abierta hasta el 23 de julio; los CMS aspiran a publicar la versión final del reglamento entre finales de septiembre y octubre. Este artículo no es un consejo médico; para decisiones personales o institucionales sobre política sanitaria y servicios de Medicaid, se recomienda consultar a administradores sanitarios cualificados y a asesores legales.