Elon Musk se enfrenta a una investigación penal en Francia tras ignorar citaciones en el caso X

La Fiscalía de París anunció el martes que ha abierto una investigación penal contra Elon Musk, propietario de la plataforma social X (antes Twitter). La investigación se basa en que Musk no ha respondido a dos citaciones de un tribunal francés. En el marco jurídico, la falta de respuesta de una persona física o jurídica a una citación judicial está tipificada como delito en la ley francesa de 2017 conocida como «de resistencia a la justicia». La ley prevé hasta cinco años de prisión o una multa de 75.000 €.

El expediente se remonta a marzo de 2025, cuando un fiscal francés abrió una investigación sobre la política de moderación de contenidos de Twitter (después renombrado como X) en Francia. En el centro de la investigación figura el hecho de que la plataforma no retirase a tiempo dos contenidos que la justicia francesa había ordenado eliminar en noviembre de 2024. Los contenidos en cuestión se referían al incidente ocurrido el 12 de noviembre de 2024 en el 19.º distrito de París y se consideraron incitación a la violencia política. La ley francesa de 2004 sobre «conformidad con las decisiones judiciales» obliga a la plataforma a retirar en un plazo de 48 horas los contenidos cuya supresión haya ordenado un tribunal.

La Fiscalía francesa citó a Musk en dos ocasiones — en diciembre de 2025 y de nuevo en marzo de 2026. La primera citación fue recibida por Pierre Castro, representante de X en Francia, pero Musk no acudió a declarar. La segunda, enviada al abogado de Musk en Estados Unidos, quedó sin respuesta. La decisión de abrir la investigación penal, tercer paso del procedimiento, fue firmada por François Molins, jefe de la Fiscalía de París. Molins declaró en un comunicado: «La justicia francesa no está por encima de ningún individuo, sea cual sea su solvencia financiera o su posición tecnológica».

La investigación activa el procedimiento francés conocido como «juicio en ausencia ilegal». Según este procedimiento, la causa puede juzgarse sin la presencia de Musk en Francia; pero si Musk pisa territorio francés, puede aplicarse una orden de detención de Tercio (tercer grado). Las fuerzas policiales de los Estados miembros de la UE están obligadas a ejecutarla. En la práctica, Musk podría ver impedido su viaje a Alemania, Italia, España, Polonia o cualquiera de los otros 22 Estados miembros de la UE; sus autoridades podrían verse obligadas a entregarlo a Francia.

En una respuesta publicada en X, Musk calificó la investigación de «acoso político»: «La decisión del tribunal francés es un ataque a la libertad de expresión de los usuarios de X. No defenderé este caso porque, en principio, no lo acepto». El comunicado de la directora general de X, Linda Yaccarino, adoptó un tono más prudente: «X reconoce la importancia de los procedimientos legales en Francia y está realizando una evaluación con sus asesores jurídicos».

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, apoyó la investigación en la reunión semanal del partido La République En Marche: «Ninguna empresa tecnológica puede estar por encima del derecho francés. La falta de respuesta de Musk a las citaciones refleja su problema, no el del sistema judicial. Los casos de este tipo se llevarán de forma más estricta en el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la UE». El DSA, el reglamento de la UE que entró en vigor en 2024, regula las obligaciones de las plataformas sociales en lo relativo al cumplimiento de las decisiones judiciales de los Estados miembros.

Los problemas legales de Elon Musk continúan en otros lugares. En Brasil, las multas económicas impuestas en 2024 por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes tras la prohibición nacional de la plataforma X no se han abonado en su totalidad. En el Reino Unido, hay una investigación abierta al amparo de la Online Safety Act; en Estados Unidos, la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) ha lanzado por separado una revisión sobre publicaciones relacionadas con X que Musk realizó durante la adquisición de Twitter en 2022. La investigación en Francia sitúa a Musk en un cuarto frente legal a nivel mundial.

Roch-Olivier Maistre, portavoz del regulador francés ARCOM, resumió a Le Monde la situación legal de la plataforma en Francia: «X solo ha aplicado 23 de las 47 decisiones de ARCOM en los últimos 18 meses. Esa tasa de incumplimiento está muy por debajo de la media de las demás plataformas supervisadas por ARCOM (91 %). La apertura de una investigación penal es un paso que refuerza la posición de ARCOM sobre la plataforma a nivel de la UE».

Otro contencioso a nivel europeo es la decisión de la Comisión Europea de marzo de 2026, que consideró que X no había cumplido íntegramente las obligaciones de transparencia previstas en el DSA y le impuso una multa de 142 millones de euros. La multa no se ha pagado todavía; X ha recurrido ante el Tribunal de la UE. Está previsto que el recurso se examine en noviembre de 2026. El desarrollo paralelo de la investigación penal francesa y de este recurso se considera un caso-test para el marco jurídico europeo sobre las plataformas sociales.

La investigación contra Elon Musk en Francia podría ser un hito importante en la relación entre las grandes empresas tecnológicas mundiales y los sistemas judiciales nacionales. El profesor Tim Wu, de la Facultad de Derecho de Yale, declaró a BBC News: «Este caso marca realmente una nueva era. Los Estados-nación han empezado a poner a prueba su jurisdicción sobre las plataformas tecnológicas mundiales. Cualquiera que sea el resultado, será una referencia para internet a nivel mundial». El próximo paso de la investigación se concretará en una rueda de prensa en París el 18 de mayo. Las publicaciones de Musk en X indican que no tiene intención de estar en Francia en esa fecha.