Por qué el plan de la administración Trump para destruir los PFAS se considera 'sin sentido'
La administración Trump en Estados Unidos estaría barajando, según los informes, una política que incluye relajar las normas del agua potable mientras se contempla la destrucción de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas como 'químicos eternos'. Según Guardian Health, ingenieros químicos y especialistas en salud pública han calificado el plan de 'sin sentido', citando la insuficiencia de las tecnologías de destrucción actuales y la posibilidad de un repunte de los riesgos sanitarios.
Los compuestos PFAS se utilizan desde hace décadas en productos de consumo, materiales de construcción impermeables y aplicaciones industriales. Se les llama 'químicos eternos' porque su estructura molecular resiste la degradación en la naturaleza; esta propiedad hace que los PFAS persistan durante mucho tiempo tras su liberación al medio ambiente. Asociados ampliamente con la contaminación ambiental en Estados Unidos, los PFAS se han detectado en el agua potable, los alimentos e incluso la leche materna.
En 2024, la administración Biden puso en vigor la primera norma federal de agua potable sobre PFAS propuesta por la EPA. Esta norma fijó la concentración máxima aceptable en agua potable para los dos componentes PFAS más extendidos — PFOA y PFOS — en cuatro partes por billón (4 ppt). El límite apuntaba a los riesgos sanitarios identificados en estudios epidemiológicos animales y humanos.
La EPA de la administración Trump anunció en febrero de 2026 que esas normas debían ser 'reevaluadas sobre una base científica'. La declaración sostenía que la evidencia epidemiológica subyacente a la norma requería revisión adicional. Los críticos ven en este enfoque un modo de ralentizar el proceso regulatorio bajo el rótulo de 'revisión de la evidencia'.
Las tecnologías disponibles para destruir PFAS incluyen incineración a alta temperatura, oxidación con agua supercrítica (SCWO), oxidación electroquímica y métodos sonoquímicos. Sin embargo, cada una de estas tecnologías presenta problemas técnicos y de coste. La incineración a alta temperatura no ha demostrado descomponer plenamente los PFAS y conlleva el riesgo de liberar al aire compuestos PFAS de cadena más corta. La SCWO ha mostrado eficacia a pequeña escala, pero aún no ha madurado para un despliegue industrial viable a gran escala.
La Dra. Elsie Sunderland, miembro de la Royal Society of Chemistry e investigadora de PFAS en el Massachusetts Institute of Technology, calificó el plan de 'sin sentido' en sus comentarios al Guardian. 'Todavía no tenemos un método técnicamente fiable para destruir los PFAS. Retroceder en las normas existentes podría significar, indirectamente, permitir más vertidos al medio ambiente', dijo. Las palabras de Sunderland resumen bien las preocupaciones de la comunidad científica.
En el lado de la salud pública, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y otros organismos federales han publicado estudios que indican que la exposición a PFAS podría contribuir a riesgos de cáncer de mama y de riñón, a enfermedades tiroideas, a complicaciones del embarazo y a desregulación del sistema inmunitario. La relajación de las normas de la EPA por parte de la administración Trump podría aumentar la probabilidad de que estos efectos sanitarios se extiendan a poblaciones más amplias.
El impacto de una flexibilización de las normas de la EPA produce consecuencias distintas para los usuarios locales del agua, la industria y los actores federales. Para las empresas de aguas, las inversiones en filtración necesarias para cumplir el límite actual — carbón activado granular, resinas de intercambio iónico, ósmosis inversa — cuestan miles de millones de dólares; relajar la norma permitiría aplazar estas inversiones a corto plazo. Cómo se conformarán los costes sanitarios a largo plazo, sin embargo, es incierto.
En el plano internacional, la Unión Europea ha endurecido en los últimos años su regulación sobre PFAS. La propuesta de la UE en 2023 de una prohibición amplia de los PFAS en el marco de REACH generó una divergencia regulatoria con Estados Unidos. El giro de la administración Trump podría abrir contradicciones regulatorias adicionales en los vínculos comerciales UE-Estados Unidos; el acceso al mercado europeo de productos que contienen PFAS fabricados en Estados Unidos podría verse limitado.
Este artículo no constituye un consejo de política ambiental ni de salud pública; la información se basa en los reportajes de Guardian Health y en documentos de la EPA, los CDC y la UE. Las personas preocupadas por la exposición a PFAS deberían consultar a sus autoridades locales del agua y a especialistas en salud pública sobre pruebas de calidad del agua y tecnologías de filtración. Para decisiones de salud personales, se recomienda consultar a un profesional médico.