La nueva ley inglesa de derecho de compra comunitaria otorga a los vecinos prioridad sobre los activos locales
Una nueva ley de propiedad comunitaria que entró en vigor esta semana en Inglaterra concede a los residentes locales un derecho de compra preferente sobre activos del territorio que estén a punto de venderse o cerrar. Promovida por el Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, la norma se conoce como Community Right to Buy y se aplica especialmente a pubs, bibliotecas, salas comunitarias, supermercados pequeños y espacios públicos abiertos.
Bajo este nuevo marco, los propietarios de bienes elegibles deben dar a la comunidad local un preaviso mínimo de seis semanas antes de poner la propiedad en venta. En ese plazo, un grupo comunitario puede registrar su interés y desbloquear hasta nueve meses de tiempo de preparación para reunir financiación, con el derecho a presentar una oferta al valor de mercado.
La secretaria de Vivienda Angela Rayner, en un acto con la prensa en Salford, declaró: «Es el momento en que los vecinos recuperan el poder de dar forma a sus propios barrios». El ministerio calcula que al menos 350 grupos comunitarios utilizarán el mecanismo en su primer año para hacerse con un local en riesgo de cierre.
Un ejemplo práctico es el grupo comunitario de Bacup, en Lancashire, para el que la ley llega en el momento adecuado. Tras el cierre, el año pasado, del Royal Hotel — un pub con 200 años de historia — los residentes formaron una asociación, pero la falta de instrumentos legales bloqueó el proceso durante dieciocho meses. La nueva ley debería reducir ese plazo a menos de la mitad.
Las investigaciones sugieren que el cierre de espacios sociales locales tiene un efecto mensurable sobre la salud comunitaria. Un informe de la London School of Economics de 2024 estableció que, en la última década, por cada 100 pubs o salones comunitarios cerrados se observa un aumento aproximado del 4 por ciento en la soledad declarada en barrios con alta permanencia residencial. Un estudio independiente del NHS en el noreste vinculó el aislamiento social a un incremento del 14 por ciento en el riesgo de eventos cardiovasculares.
Los críticos de la ley plantean preocupaciones distintas. Tina McKenzie, secretaria general de la Federation of Small Businesses, dijo que la política «podría generar incertidumbre para los propietarios» y «alargar los plazos de venta». Añadió que la obligación de reunir financiación podría penalizar sobre todo a las comunidades de menores ingresos. «El derecho es atractivo en teoría; en la práctica los grupos comunitarios de Bacup no tienen el mismo acceso al capital que los de Knightsbridge», señaló.
Plunkett UK, una fundación de empresas comunitarias que respalda la ley, proyecta que más de 1.000 grupos locales podrían adquirir algún activo en doce meses. La fundación recomienda crear un fondo puente de 25 millones de libras para apoyar a las comunidades más pequeñas; argumenta que sin él la política beneficiará primero a las áreas más acomodadas.
En el plano operativo, la ley también reorganiza el proceso de registro de Asset of Community Value (ACV) ante los consejos locales. Antes restringido a grupos comunitarios formalmente registrados, el registro ACV estará ahora abierto a cualquier asociación vecinal con al menos 21 miembros. El ministerio promete trasladar el registro a internet y reducir el tiempo medio de tramitación de seis a dos semanas.
En el ámbito sanitario, un informe de Public Health England del año pasado indicó que los adultos de barrios con alto «capital social puente» — un indicador que depende en parte de la presencia de espacios comunitarios mixtos — declaran alrededor de un 21 por ciento menos de depresión en la mediana edad que los de barrios con capital bajo. Los partidarios de la ley citan esos datos como un argumento de salud pública que va más allá del estrictamente económico.
La primera prueba práctica se espera en los próximos días en Saxmundham, en Suffolk, donde un grupo comunitario ha iniciado el proceso para adquirir una biblioteca local cerrada. El grupo ya ha reunido 180.000 libras; dentro de la nueva ventana de nueve meses prevista por la ley espera reunir las restantes 140.000 libras sobre un total estimado de 320.000. El desenlace ofrecerá el primer dato real sobre el funcionamiento de la norma.