El FBI busca acceso a escala nacional a las cámaras lectoras de matrículas con datos casi en tiempo real
Según documentos presupuestarios federales recogidos por Ars Technica, la Oficina Federal de Investigación (FBI) está pidiendo acceso "casi en tiempo real" a los datos de movimientos de vehículos procedentes de la red de cámaras lectoras de matrículas (ALPR) a escala nacional en EE. UU. Los documentos muestran que el FBI está asignando fondos para establecer contratos plurianuales con compañías proveedoras concretas; estos contratos pretenden ofrecer acceso centralizado a grandes conjuntos de datos en manos de los operadores de cámaras.
Las cámaras lectoras de matrículas (ALPR) se han implantado de forma masiva durante la última década, tanto por parte de departamentos de policía municipal como de empresas privadas. En EE. UU., la gran mayoría de estas cámaras está operada por firmas privadas como Vigilant Solutions, Flock Safety y Rekor; estas firmas proporcionan a los municipios redes de cámaras en régimen de suscripción anual y almacenan los datos en servidores centrales.
La solicitud del FBI no se limita a la búsqueda en archivos históricos sino que incluye un flujo en tiempo real o casi en tiempo real. Esto significa que el sistema del FBI puede recibir una alerta en el momento en que un vehículo pasa por una cámara concreta. Según la estimación de Ars Technica basada en los documentos, la latencia objetivo es inferior a 60 segundos.
El alcance del proyecto llama la atención por su amplitud. Una estimación de 2.000 a 3.000 departamentos de policía municipal con cámaras ALPR, junto con otras coberturas, sitúa dentro del ámbito millones de puntos de movimiento de vehículos en todo el país. Esto crea una densidad de datos suficiente para seguir con facilidad la rutina diaria de un vehículo (de casa al trabajo, llevar al niño al colegio, una actividad social vespertina).
Los grupos de libertades civiles han llamado la atención sobre los problemas de privacidad que plantea el proyecto. El portavoz de la American Civil Liberties Union (ACLU), Stephen Lavoie, dijo a Ars Technica: "La tecnología de lectura de matrículas comenzó como una herramienta simple pensada para la seguridad urbana; pero ahora se está convirtiendo en una infraestructura de seguimiento a escala nacional. No existe ninguna ley federal en EE. UU. que supervise esto."
La justificación técnica del proyecto descansa en el valor del seguimiento de los movimientos de vehículos a lo largo del tiempo como herramienta para el trabajo del FBI en casos de niños desaparecidos, secuestros e investigaciones del crimen organizado. Los documentos de ejemplo subrayan que en los casos de Amber Alert el seguimiento de un vehículo podría producirse en minutos en lugar de en horas; ese es el argumento de política de seguridad para la solicitud de acceso en tiempo real de la agencia.
Pero el crecimiento de la capacidad técnica al margen del control político es la principal preocupación de las organizaciones de la sociedad civil. La abogada de la Electronic Frontier Foundation (EFF), Michelle Tran, comentó: "Que el FBI solicite datos en directo para seguir a un único vehículo está muy cerca de un ejercicio de vigilancia malicioso. No sabemos aún qué mecanismos de supervisión vendrán con el contrato."
Los marcos legales a nivel estatal son muy distintos entre sí. Estados como California, Maine y Vermont han establecido marcos regulatorios sobre los plazos de conservación de los datos ALPR, su compartición y las condiciones de acceso; pero la gran mayoría de los demás estados padece un vacío al respecto. La ley federal carece de una regulación específica de ALPR; la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda (autorización federal de registro) aún no se ha adaptado a esta nueva tecnología.
Entre las compañías tecnológicas, el proveedor más activo — Flock Safety — ha firmado contratos con más de 5.000 departamentos de policía municipal de EE. UU. durante los últimos tres años. La plataforma de la compañía permite a los agentes, a través de una aplicación móvil, buscar un vehículo, generar una estimación de la última ubicación conocida y configurar alertas. La integración que busca el FBI haría que plataformas de este tipo se convirtieran en un punto de acceso a nivel federal.
De cara al futuro, tres puntos importantes darán forma a la evolución del proyecto: los debates a nivel federal sobre el desarrollo de un marco regulatorio ALPR, los casos judiciales que adaptan la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda a las nuevas tecnologías, y la publicación de la versión final del contrato. Según el reportaje de Ars Technica, el FBI aún no ha publicado la versión final del contrato; pero la aprobación por parte del Congreso de las solicitudes presupuestarias significa que el proyecto comenzará efectivamente en el próximo año fiscal.