La OMS afirma que los gigantes de alimentos ultraprocesados demandan a países por normas sanitarias

El director general de la Organización Mundial de la Salud ha declarado que las mayores corporaciones mundiales de alimentos ultraprocesados están utilizando litigios contra gobiernos nacionales para ralentizar o bloquear políticas destinadas a promover dietas más saludables, añadiendo riesgo legal y financiero a países que ya luchan por contener el aumento de la obesidad. Tedros Adhanom Ghebreyesus hizo estas declaraciones tras una investigación que examinó las respuestas corporativas a las medidas de salud pública en todo el mundo.

La investigación, realizada en colaboración con varios medios de comunicación, encontró ejemplos de empresas de alimentos y bebidas que impugnan medidas como etiquetas de advertencia en productos azucarados o grasos, restricciones a la publicidad dirigida a niños e impuestos a las bebidas azucaradas, argumentando en distintas jurisdicciones que dichas medidas violan acuerdos comerciales o protecciones constitucionales a la expresión comercial.

Los investigadores de salud pública llevan tiempo argumentando que los alimentos ultraprocesados, productos fabricados industrialmente y generalmente ricos en azúcares, sal, grasas y aditivos añadidos, desempeñan un papel importante en el aumento mundial de la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. La OMS ya había señalado estos productos como un factor creciente en la carga de enfermedades no transmisibles, sobre todo en países de ingresos medios que atraviesan rápidos cambios en sus dietas.

Según la investigación, los litigios y la amenaza de litigios han, en algunos casos, retrasado o debilitado regulaciones propuestas, ya que los gobiernos, en particular las naciones más pequeñas o de bajos ingresos con presupuestos legales limitados, sopesan el coste de defender una política ante los tribunales frente a la facilidad política y fiscal de abandonarla. Los costes legales asociados a la defensa de medidas de salud pública han, en algunos casos, alcanzado varios millones de dólares.

Tedros afirmó que este patrón representa un obstáculo directo para los esfuerzos mundiales por frenar la epidemia de obesidad, y lo enmarcó como parte de una tensión más amplia entre los objetivos de salud pública y los intereses comerciales, tensión que también se ha manifestado en el control del tabaco y, más recientemente, en los esfuerzos por regular la comercialización de fórmulas infantiles. Pidió mayor apoyo internacional para ayudar a los países a defender sus políticas de salud frente a impugnaciones legales.

Representantes de la industria han rechazado que sus estrategias legales sean calificadas de obstruccionistas, argumentando que las empresas tienen derecho a impugnar regulaciones que consideran mal diseñadas, desproporcionadas o no basadas en evidencia sólida. Algunos grupos del sector han señalado que los esfuerzos de reformulación y los compromisos voluntarios para reducir el contenido de azúcar y sal demuestran una disposición a apoyar los objetivos de salud pública por medios distintos al litigio.

Varios países han seguido adelante, no obstante, con medidas polémicas. Las etiquetas de advertencia frontales, popularizadas primero en América Latina, se han extendido a un número creciente de países pese a las impugnaciones legales, y los defensores de la salud pública señalan evidencia preliminar de que un etiquetado más claro puede modificar los hábitos de compra de los consumidores con el tiempo, aunque el efecto sobre los resultados de salud a nivel poblacional tarde más en medirse.

Los especialistas en derecho comercial afirman que el terreno legal sigue siendo genuinamente disputado, señalando que los acuerdos comerciales internacionales sí incluyen disposiciones que protegen intereses comerciales y que los gobiernos deben tener en cuenta al diseñar nuevas regulaciones. Pero varios especialistas citados en la investigación señalaron que, en casos concretos, las empresas han estirado esas disposiciones mucho más allá de su intención original para desalentar la regulación de forma más general.

Los comentarios de la OMS llegan mientras la organización continúa impulsando una agenda más amplia sobre prevención de enfermedades no transmisibles, un área que, según funcionarios, ha recibido una financiación mundial comparativamente escasa frente a la respuesta a enfermedades infecciosas, pese a que las enfermedades no transmisibles representan la gran mayoría de las muertes globales. Las afecciones relacionadas con la obesidad en particular han presionado los presupuestos sanitarios en países de todos los niveles de ingreso.

Los defensores de una regulación más firme sostienen que los hallazgos de la investigación deberían impulsar un debate renovado a nivel internacional sobre la creación de marcos legales o mecanismos de apoyo diseñados específicamente para proteger a los países de bajos ingresos del coste desproporcionado de defender una política de salud pública ante los tribunales, planteándolo como una cuestión de equidad entre ricas multinacionales y gobiernos con recursos mucho más limitados.